Una concentración convocada nominalmente por la Federación Española de Municipios y Provincias en apoyo a Ceuta terminó, el pasado 2 de septiembre, transformada en otra cosa: un acto político conjunto del PP y Vox contra el Gobierno. Unas 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se dieron cita en la plaza de Cibeles de Madrid, pero fueron los discursos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal los que marcaron el tono real del día.
Feijóo, que había pasado la jornada en Ceuta, no escondió sus intenciones: «por eso he estado allí«, dijo, dando a entender que cualquier aspirante a la presidencia del Gobierno debía hacer acto de presencia. Acusó al Ejecutivo de no estar en condiciones de proteger la seguridad de la Nación, reclamó la comparecencia de la embajadora marroquí y pidió el adelanto electoral. Su elección de palabras no fue casual: habló de «invasión» donde los datos oficiales hablan de entrada irregular, un desplazamiento semántico que no es inocente.
Abascal, presente en el mismo acto aunque sin compartir escenario físico con Feijóo, fue más allá al proponer «actuar con todas las herramientas a nuestro alcance —legales, parlamentarias y de movilización social—» contra el presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de poner «en peligro» al país.
El matiz crítico está en la letra pequeña. Ambos partidos coordinaron un mensaje casi idéntico en cuatro puntos —invasión, elecciones, mentiras de Sánchez, sumisión a Marruecos— y difundieron la versión de que la Delegación del Gobierno había prohibido la protesta, cuando en realidad solo se discutía su calificación jurídica. Entre la militancia se corearon consignas como «expulsión, invasores» y proclamas sobre una «España cristiana», lejos del tono institucional que se quiso vender.
El giro de fondo es político: una crisis humanitaria real, con personas concretas cruzando el Estrecho en condiciones extremas, se convierte en munición electoral para dos partidos que compiten por el mismo electorado. El PP anunció además una ofensiva judicial, personándose como acusación particular en la Audiencia Nacional, y presión parlamentaria de cara a la comparecencia de Sánchez.
Cuando la respuesta a una tragedia se mide en votos y no en derechos, la única certeza es que quienes cruzan el mar en patera seguirán siendo los grandes ausentes del debate que se libra en su nombre.
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