Mientras media España se prepara para otro verano de sequías estructurales, el mundo se ha reunido en Ulán Bator, Mongolia, para arrancar la primera de las tres grandes cumbres ambientales de 2026: la de lucha contra la desertificación. Y España llega a la cita con un dato que debería doler más de lo que duele: es el país más desertificado de toda Europa.
El fenómeno, que expertos describen como una «amenaza silenciosa», avanza sin la urgencia mediática de una ola de calor o un incendio, pero con consecuencias mucho más permanentes: suelos que pierden fertilidad, acuíferos que no se recuperan, comarcas rurales que ven cómo la tierra deja de ser cultivable.
El sur y el sureste peninsular concentran el grueso del deterioro, en zonas donde la agricultura intensiva, el cambio climático y decenios de gestión hídrica cortoplacista se han combinado para acelerar un proceso que, según los expertos reunidos en la cumbre, ya no es reversible en amplias extensiones del territorio.
Lo llamativo —y lo preocupante— es que España sigue tratando la desertificación como un problema técnico y no como una emergencia de país. Las políticas de reforestación y recuperación de suelos avanzan a un ritmo muy inferior al del propio deterioro, y buena parte de la financiación depende de fondos europeos con horizontes cortos.
La cumbre de Ulán Bator es la primera de tres citas ambientales clave este año —le seguirán biodiversidad y clima— y pone a España en el peor lugar posible: como caso de estudio de lo que ocurre cuando un territorio rico decide mirar hacia otro lado. La tierra, mientras tanto, sigue sin esperar a nadie.
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