Reuters
La Unión Europea ha puesto el foco en España tras recibir denuncias por presuntos malos tratos en cárceles de Huelva, Algeciras y Puerto III, donde internos habrían sufrido golpes, patadas y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios. El informe, elaborado por organismos de supervisión europeos, alerta de prácticas que podrían vulnerar los derechos fundamentales de los presos.
Según la investigación, varios reclusos denunciaron agresiones físicas durante intervenciones de seguridad, así como condiciones de aislamiento consideradas extremas. Las autoridades penitenciarias españolas han respondido defendiendo los protocolos vigentes, aunque han abierto expedientes internos para esclarecer los hechos.
Organizaciones de derechos humanos insisten en que estos casos no son aislados y reclaman mayor transparencia, acceso a mecanismos independientes de control y la instalación de cámaras en zonas sensibles para evitar abusos. También piden reforzar la formación de los funcionarios en gestión de conflictos.
El señalamiento de la UE reabre el debate sobre el estado del sistema penitenciario español y la necesidad de garantizar la integridad física y dignidad de las personas privadas de libertad, en línea con los estándares internacionales.