Vincenzo Gambaretto 
Foto: Raúl Sanz
Decenas de miles de personas salieron este domingo en Palma para decir algo que Mallorca lleva años gritando: la isla está al límite. No caben más coches, más hoteles, más alquileres turísticos, más franquicias ni más visitantes si quienes viven allí ya no pueden vivir allí.
La manifestación, convocada bajo el lema “Mallorca al límite” por la plataforma Menys turisme, més vida, reunió a 25.000 personas según la Policía Nacional y Local, y hasta 70.000 según la organización. Durante el recorrido, la protesta transcurrió de forma pacífica. El conflicto llegó al final, cuando la Policía Nacional cerró el acceso a la zona donde debía leerse el manifiesto y buena parte de los manifestantes quedó fuera.
Entonces llegaron las cargas. Según los medios locales, hubo lanzamiento de objetos, tensión en Parc de la Mar y al menos ocho personas atendidas por heridas. La actuación policial fue considerada desproporcionada por representantes políticos presentes en la protesta, y el propio delegado del Gobierno en Baleares anunció que pedirá explicaciones por actuaciones que calificó de “inaceptables”.
La escena deja una pregunta incómoda: ¿qué democracia escucha a la ciudadanía si cuando el pueblo denuncia la saturación de su propia isla termina encontrándose con escudos?
Mallorca no protesta contra personas concretas que viajan. Protesta contra un modelo que convierte viviendas en negocio turístico, barrios en escaparates y trabajadores en figurantes de una economía que no les permite alquilar. La turistificación no es turismo: es expulsión con sonrisa de folleto.
Una isla no puede ser infinita. Y cuando miles salen a decirlo, la respuesta no puede ser encerrar la protesta entre furgones. Palma no pidió privilegios. Pidió poder respirar en su propia casa.
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