Fuente EFE
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde definitiva a la ley que permite a los mutualistas de clases pasivas del Estado —funcionarios que cotizaron a mutualidades como MUFACE, ISFAS o MUGEJU antes de 2011— optar por incorporarse al régimen general de la Seguridad Social. La norma reconoce un derecho reclamado durante años por miles de trabajadores públicos, pero deja fuera a quienes ya se han jubilado.
Las asociaciones de mutualistas jubilados llevan tiempo denunciando que esta exclusión perpetúa una desigualdad: mientras los mutualistas en activo podrán optar por una jubilación calculada con las reglas de la Seguridad Social —generalmente más favorables que las de las mutualidades—, quienes ya se retiraron seguirán atados a pensiones más bajas y sin la posibilidad de acogerse a la reforma.
El Gobierno defiende que ampliar la medida a los ya jubilados supondría un coste presupuestario difícil de asumir de golpe, y que la prioridad era resolver la situación de quienes todavía están cotizando. Pero para los colectivos de pensionistas, ese argumento suena a la misma excusa de siempre: la sostenibilidad del sistema se invoca para no corregir una injusticia, no para explicar por qué esa injusticia existió en primer lugar.
Detrás de las siglas y los tecnicismos hay personas concretas: funcionarios jubilados con pensiones más bajas que sus compañeros que optaron por la Seguridad Social en su día, viendo cómo una reforma que corrige el problema de fondo llega demasiado tarde para ellos. Una regularización justa no puede dejar a nadie fuera solo porque ya pagó el precio de un sistema mal diseñado.