Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la reunión sobre la regularización de migrantes
Rocío Benítez 
Fuente EFE
El proceso de regularización de personas migrantes que el Gobierno central quiere sacar adelante ha topado con un obstáculo previsible: la falta de colaboración de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. En la última reunión de coordinación, varios gobiernos autonómicos populares se negaron a comprometerse con plazos concretos para tramitar los expedientes que dependen de sus competencias, en especial los relacionados con vivienda, empadronamiento y servicios sociales.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que sin la implicación autonómica, miles de personas que ya cumplen los requisitos legales para regularizar su situación seguirán atrapadas en la economía sumergida, sin contrato, sin acceso a derechos laborales y expuestas a todo tipo de abusos. La paradoja es evidente: los mismos gobiernos que denuncian la «inmigración descontrolada» son los que bloquean el mecanismo que permitiría documentar y ordenar esa realidad.
Organizaciones sociales que trabajan con población migrante llevan meses advirtiendo de que la lentitud administrativa no es un problema técnico, sino una decisión política. Cada mes de retraso significa personas sin poder alquilar una vivienda a su nombre, sin poder firmar un contrato de trabajo formal o sin poder reagrupar a su familia, aunque lleven años residiendo y trabajando en España de facto.
La regularización no es un favor ni una concesión: es la forma más eficaz de garantizar derechos y de que el propio sistema, empezando por la Seguridad Social, funcione con normalidad. Cada mes que las comunidades autónomas se plantan en obstruir el proceso, no frenan la inmigración, sino que condenan a más personas a la irregularidad y a la explotación.
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