Rocío Benítez 
Fuente Unsplash
2023 fue, según la Organización Meteorológica Mundial, el año más caluroso desde que existen registros, y 2024 le sigue muy de cerca. Frente a esa evidencia científica, cada vez más partidos de ultraderecha en Europa y América han hecho del negacionismo climático una bandera electoral, presentando la descarbonización como una amenaza a la economía y al «modo de vida» occidental.
La descarbonización —el proceso de reducir progresivamente las emisiones de CO2 sustituyendo combustibles fósiles por energías renovables— no es una opción ideológica, sino la principal herramienta que reconoce el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) para evitar que el calentamiento supere los 1,5 grados respecto a la era preindustrial, el umbral a partir del cual los efectos serían mucho más difíciles de revertir.
Los datos muestran además que la transición energética genera empleo: la Agencia Internacional de la Energía calcula que el sector de renovables ya emplea a más de 13 millones de personas en el mundo, una cifra en crecimiento constante frente al empleo, cada vez más automatizado, de los combustibles fósiles.
Es cierto que esa transición debe hacerse de forma justa, protegiendo a los trabajadores de sectores como la minería del carbón y evitando que el coste recaiga sobre las familias con menos recursos. Ignorar ese matiz sería un error. Pero negar la urgencia climática directamente, como hace buena parte de la ultraderecha, no es matizar: es sabotear cualquier posibilidad de respuesta colectiva.
Cada informe científico que se ignora, cada política de descarbonización que se ridiculiza en un mitin, es tiempo que no vamos a recuperar. La pregunta ya no es si el planeta puede permitirse la transición energética, sino si puede permitirse seguir escuchando a quienes se benefician de que no ocurra.
España, pese a sus enormes recursos solares y eólicos, avanza en esta transición a un ritmo desigual entre comunidades autónomas, condicionado en buena medida por la voluntad política de sus gobiernos regionales, algunos de los cuales han llegado a paralizar proyectos renovables por motivos claramente ideológicos.
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