Ismael Valdenebro 
Newtral
El Gobierno ha dado un paso clave para blindar el derecho al honor, la intimidad y la imagen personal frente a los riesgos de la inteligencia artificial, especialmente los deepfakes. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que actualizará una norma vigente desde 1982, con el objetivo de adaptarla a los desafíos digitales actuales y devolver a los ciudadanos el control sobre su identidad.
La reforma, impulsada por el ministro Félix Bolaños, busca frenar el uso no autorizado de la imagen de una persona mediante tecnologías de IA. En concreto, se considerará una intromisión ilegítima utilizar rostros o voces generados artificialmente —como ocurre con los deepfakes— sin consentimiento cuando tengan fines comerciales o publicitarios. Sin embargo, la norma mantiene margen para el uso en contextos artísticos, creativos o satíricos, marcando así una línea entre libertad de expresión y protección personal.
Otro punto clave afecta a las redes sociales. Compartir una imagen en una plataforma no implicará automáticamente que pueda ser reutilizada en otros espacios digitales sin autorización. Es decir, el contenido seguirá siendo propiedad de la persona, reforzando el control sobre su difusión.
La ley también pone el foco en el auge del género true crime. Documentales o producciones audiovisuales que narren delitos podrán vulnerar el derecho a la imagen si no cuentan con el consentimiento de las víctimas o sus familiares, introduciendo límites claros a este tipo de contenidos.
En cuanto al consentimiento, se fija en 16 años la edad mínima para autorizar el uso de la propia imagen, en línea con la regulación prevista para el acceso de menores a redes sociales. Además, se introduce una novedad relevante: la protección de la imagen tras la muerte. A través del testamento, una persona podrá prohibir o regular el uso de su imagen, incluso designando a alguien que gestione estos derechos.
El texto inicia ahora su recorrido parlamentario en el Congreso, donde podrá ser modificado antes de su aprobación definitiva. Con esta reforma, España se sitúa en la primera línea del debate sobre derechos digitales y protección frente a la IA.
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