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Hay una fecha que muchos jóvenes tutelados temen más que cualquier otra: su decimoctavo cumpleaños. Ese día, el sistema de protección de menores que ha sido su único sostén durante años deja de tener obligación legal de cuidarles. De la noche a la mañana, pasan de tener un hogar institucional a tener que encontrar trabajo, piso y proyecto de vida solos, sin red familiar y sin experiencia.
Cruz Roja documenta en su informe sobre personas sin hogar que los jóvenes extutelados son uno de los perfiles con mayor riesgo de acabar en situación de calle. El 46% afirma estar un poco o muy deprimido. El 55% no puede contar con nadie que le exprese afecto. El 10,3% no tiene tarjeta sanitaria. El 30% ha perdido confianza en sí mismo. Y el 34% siente que tiene menos capacidad para superar las dificultades.
Lo que describe Cruz Roja es el resultado predecible de un sistema que prepara muy poco a estos jóvenes para la autonomía y luego les suelta en un mercado de trabajo precario y un mercado de alquiler inaccesible.
Organizaciones como Cáritas, SOS Racismo y diversas entidades de acción social llevan años reclamando que la protección se extienda al menos hasta los 21 o 23 años, con acompañamiento real en el proceso de transición a la vida adulta. Varios países europeos ya lo hacen.
Cumplir 18 años debería ser un inicio, no un abandono. El Estado que tutela a un niño tiene la responsabilidad moral de no soltarle la mano cuando más lo necesita.