Rocío Benítez 
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El debate sobre la transición ecológica ha dejado de ser una simple declaración de intenciones ambientales para convertirse en una urgencia social. Caminar decididamente hacia un modelo basado al 100% en energías renovables ya no es una utopía lejana, sino la única vía para garantizar nuestra salud, democratizar la economía y proteger el bienestar de las mayorías sociales.
El viejo modelo basado en los combustibles fósiles arrastra un coste humano invisible pero devastador. Cada año, la contaminación del aire se traduce en miles de muertes prematuras, crisis respiratorias y afecciones cardiovasculares. Apostar de forma definitiva por la energía solar, la eólica o la geotermia no solo limpia la atmósfera, sino que reduce drásticamente el gasto sanitario público. Esos recursos, hoy atrapados en paliar los efectos de la toxicidad ambiental, podrían destinarse directamente a la educación, la dependencia y los cuidados.
Además, la transformación limpia es un motor de justicia económica. Al depender de fuentes locales e inagotables, los países se blindan frente a las crisis geopolíticas y la volatilidad de los mercados internacionales. A diferencia del oligopolio fósil, el ecosistema de las energías renovables distribuye la riqueza: genera empleo estable y no deslocalizable tanto en entornos urbanos como en comunidades rurales, combatiendo la brecha territorial.
La clave de este cambio radica en la soberanía ciudadana. A través del autoconsumo y las cooperativas energéticas, la energía deja de ser un negocio concentrado en unas pocas manos para transformarse en un bien común. El poder de acelerar esta transición está en nuestras decisiones cotidianas, desde exigir políticas públicas valientes hasta sumarnos a comunidades energéticas locales. Cuando la ciudadanía comprende que un planeta limpio es también un país más justo, el cambio social se vuelve completamente imparable.
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