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El equilibrio de nuestras sociedades depende de una regla básica: contribuir según lo que se tiene. Sin embargo, la arquitectura tributaria actual muestra una asimetría preocupante. Mientras la riqueza global se concentra en unas pocas manos, la carga para mantener los servicios públicos se desplaza de forma injusta hacia las familias y la clase trabajadora. Una realidad estadística que debilita la cohesión social.
Es una contradicción evidente en el tejido empresarial: las grandes corporaciones disfrutan de tipos impositivos reales mucho más bajos que las PYMES. Las pequeñas empresas y autónomos de nuestros barrios, sin acceso a complejos mecanismos de ingeniería fiscal, asumen un esfuerzo relativo muy superior. Esto se traduce en que el Impuesto sobre la Renta (IRPF) es el principal sostén de los ingresos públicos. En definitiva, el Estado de bienestar se sostiene gracias a las nóminas de la ciudadanía.
Mientras tanto, el Impuesto de Sociedades aporta proporcionalmente mucho menos. Todo esto ocurre en un contexto donde la participación de las rentas del capital en el PIB no deja de crecer, restando peso a los salarios que han perdido fuerza de forma constante en las últimas décadas.
Avanzar hacia una progresividad fiscal real no es una cuestión de ideología, sino de salud democrática y sostenibilidad económica. Una sociedad con menos desigualdad fortalece el consumo interno y asegura la paz social. Para garantizar un futuro donde nadie se quede atrás, es imperativo un cambio de rumbo: quienes más obtienen del sistema deben contribuir de manera proporcional a su capacidad económica. La justicia fiscal es, al fin y al cabo, el motor de una solidaridad real.