Rocío Benítez 
Fuente CNIO
La narrativa tradicional nos ha hecho creer que los fármacos modernos existen gracias en exclusiva al músculo financiero de las multinacionales farmacéuticas. Sin embargo, una mirada rigurosa a la historia de la biomedicina contemporánea demuestra lo contrario: el verdadero motor de la innovación médica es la inversión pública canalizada a través de universidades y centros estatales de investigación.
Desde la secuenciación del genoma humano hasta la revolucionaria edición genética CRISPR o las vacunas de ARNm, los mayores saltos científicos de nuestro tiempo han nacido en laboratorios académicos. Son estas instituciones públicas las que asumen el verdadero riesgo de la investigación básica, es decir, esa búsqueda inicial que explora lo desconocido a largo plazo y sin la presión comercial de un beneficio económico inmediato.
En este ecosistema, el papel de la «Gran Farma» suele ser subalterno en la invención original, concentrándose mayoritariamente en la fase final. A través de complejos mecanismos de transferencia tecnológica y la compra de start-ups universitarias, las corporaciones privadas logran la apropiación de patentes, blindando legalmente descubrimientos colectivos que jamás habrían existido sin el respaldo humano y financiero del erario público.
Este modelo plantea un dilema ético y social urgente. Mientras la ciudadanía socializa los riesgos financiando la ciencia con sus impuestos, las corporaciones privatizan los beneficios imponiendo precios elevados y restricciones exclusivas. Reconocer que la ciencia de vanguardia es un logro colectivo es el primer paso para exigir un cambio estructural. Como sociedad, defender la financiación de la universidad pública es proteger nuestro propio derecho a una salud justa, equitativa y accesible para todas las personas.
About The Author
