La crisis migratoria en Canarias se intensifica mientras la nueva Comisión Europea, liderada por el conservador Magnus Brunner en asuntos internos y migraciones, adopta políticas más restrictivas que podrían complicar la gestión de este fenómeno en el archipiélago.
Brunner, exministro de Finanzas de Austria, ha expresado su intención de reforzar los controles fronterizos y estudiar la creación de centros de deportación en terceros países para migrantes con solicitudes de asilo rechazadas.
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En respuesta, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado que el archipiélago sea priorizado en el reparto de fondos europeos destinados a la gestión migratoria, destacando el incremento significativo de llegadas en 2024.
Canarias contó en 2024 con cifras récord tanto en las llegadas como en los fallecimientos. Según la ONG Caminando Fronteras, 9.757 personas fallecieron cuando trataban de llegar al archipiélago, ubicando a la ruta canaria como una de las más mortíferas del mundo.
Además, el Parlamento Europeo enviará una misión a Canarias para evaluar la situación sobre el terreno y elaborar un informe que justifique un tratamiento diferenciado para la región como frontera exterior de la UE.
Solidaridad sin recursos
La sociedad canaria ha mostrado una notable solidaridad ante la llegada de migrantes, pero la presión sobre los servicios públicos y las infraestructuras es creciente.
La falta de consenso político a nivel nacional ha impedido la reforma de la Ley de Extranjería, que permitiría una distribución más equitativa de los menores no acompañados entre las comunidades autónomas, agravando la situación en Canarias.
La aplicación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, prevista para 2026, podría adelantar algunas medidas a 2025, según las negociaciones en curso.
Sin embargo, las políticas más restrictivas de la nueva Comisión podrían limitar las opciones para una gestión más humanitaria y solidaria de la migración en Canarias y en el conjunto de España.
Es esencial que las instituciones europeas y nacionales colaboren estrechamente para desarrollar políticas migratorias que respeten los derechos humanos y promuevan la solidaridad entre los Estados miembros, garantizando una respuesta eficaz y humana a los desafíos que enfrenta Canarias.
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