El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha declarado la ley marcial bajo el pretexto de «erradicar las fuerzas pronorcoreanas» en el país.
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Acusando al principal bloque opositor, el Partido Democrático, de actividades antiestatales y conspiración para la rebelión, Yoon justificó esta medida excepcional que pone en ‘jaque’ a las instituciones democráticas de Corea del Sur y ha generado una ola de rechazo tanto dentro como fuera del país.
Este uso extremo del poder presidencial evoca recuerdos de las dictaduras militares que marcaron la historia surcoreana, y plantea serias preocupaciones sobre la salud de su democracia.
Qué es la ley marcial
La ley marcial en Corea del Sur es una medida extrema que permite al gobierno transferir poderes civiles a las fuerzas armadas en situaciones de emergencia nacional, como amenazas de guerra, insurrecciones o crisis graves.
Bajo esta medida, los militares pueden asumir el control de la seguridad, restringir libertades civiles, suspender actividades políticas y administrar áreas críticas del país
En un país que se enorgullece de sus avances democráticos, esta acción podría marcar un retroceso peligroso hacia un autoritarismo disfrazado de seguridad nacional. Además, amenaza con silenciar a la oposición, restringir derechos fundamentales y deslegitimar las críticas al gobierno.
Rechazo y preocupación internacional
El Parlamento surcoreano, liderado por la oposición, ha rechazado la medida, calificándola de injustificada y antidemocrática. Este enfrentamiento institucional refleja la marcada polarización política en Corea del Sur, en la que Yoon ha utilizado una retórica incendiaria para desacreditar a sus adversarios, intensificando tensiones sociales y políticas.
La comunidad internacional también observa con preocupación. Las acusaciones de actividades “pronorcoreanas” han sido ampliamente criticadas por carecer de pruebas sólidas, lo que sugiere que esta medida responde más a un intento de consolidar poder que a una verdadera amenaza a la seguridad nacional.
Corea del Sur, un referente en desarrollo económico y democrático en Asia, enfrenta un momento decisivo. Declaraciones como esta no solo dañan la confianza en sus instituciones, sino que también envían un mensaje preocupante sobre el uso del poder en contextos de crisis.
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