Es crítica la situación de líderes sociales en Colombia; 150 asesinados en 2024
María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen de europapress.es : El Solidario. La situación de los lideres sociales en Colombia es crítica.
La violencia contra los líderes sociales en Colombia continúa siendo una tragedia recurrente, con al menos 150 asesinatos registrados en lo que va de 2024, según datos de Indepaz. Estas cifras reflejan un incremento alarmante respecto a años anteriores, desafiando los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro, que prometió proteger a estas comunidades vulnerables. Los departamentos más afectados son Cauca,
Nariño, y Valle del Cauca, regiones donde los líderes son blanco de actores armados por defender derechos territoriales, ambientales y sociales.
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Entre las víctimas recientes se encuentra Carlos Alberto Aristizábal, un reconocido líder comunitario de Pereira. Aristizábal había trabajado por años en proyectos de desarrollo rural y en la defensa de los derechos de campesinos desplazados. Fue asesinado en circunstancias aún sin esclarecer, pero que reflejan la sistemática persecución de quienes luchan por la equidad en zonas de alta conflictividad.
Los líderes indígenas y campesinos, junto con los defensores de derechos humanos, enfrentan un panorama crítico: un 19% de las víctimas han sido defensores del campesinado, mientras que otros sectores, como los comunales, representan un alto porcentaje de los ataques. A pesar de las estrategias de seguridad implementadas, los grupos armados ilegales continúan perpetrando asesinatos, desplazamientos y amenazas sistemáticas.
Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de medidas efectivas y de voluntad política para frenar esta crisis, al señalar que la impunidad y el control territorial de los grupos criminales perpetúan esta espiral de violencia. Además, el incremento en el número de masacres evidencia la incapacidad estatal para garantizar la paz en las regiones más afectadas.
Ante esta situación, activistas y ciudadanos hacen una llamada urgente a la comunidad internacional y al gobierno colombiano para priorizar la protección de los líderes sociales. Como expresa una de las organizaciones locales: «Defender derechos no puede ser una sentencia de muerte«.
La realidad en Colombia exige un compromiso inmediato y real. Cada líder asesinado representa una comunidad que pierde su voz y su lucha, dejando un vacío difícil de llenar. Es tiempo de actuar antes de que el silencio se convierta en el único testigo de esta tragedia.
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