
El Solidario: La propuesta busca atacar uno de los principales problemas del mercado español.
La coalición Sumar puso sobre la mesa una propuesta que podría transformar el mercado de vivienda en España. Alberto Ibáñez, responsable de Vivienda en el partido, plantea la compra masiva de viviendas sin fin residencial, como los pisos turísticos, para crear un parque público de alquiler asequible gestionado por el Estado.
Una medida audaz que responde a la escalada de los precios del alquiler y la exclusión habitacional que afecta a miles de familias en todo el país.
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Una propuesta disruptiva para un problema estructural
El modelo de Sumar se inspira en ejemplos europeos como Viena, donde los parques públicos de vivienda son herramientas clave para garantizar el acceso a un hogar digno.
La propuesta busca atacar uno de los principales problemas del mercado español: la especulación inmobiliaria y la transformación de viviendas en activos de inversión, que elevan artificialmente los precios del alquiler y marginan a las personas con ingresos medios y bajos.
En los últimos años, el auge de los pisos turísticos ha agravado esta crisis. Según un estudio de Idealista, las ciudades con mayor concentración de este tipo de inmuebles, como Barcelona o Madrid, han experimentado un aumento del precio medio del alquiler por encima del 30 % en la última década.
La propuesta de Sumar podría no solo frenar esta tendencia, sino también devolver al mercado residencial propiedades que hoy se utilizan con fines lucrativos.
Priorizar derechos sobre intereses
Sin embargo, esta medida también enfrenta resistencias. Desde sectores conservadores y del ámbito empresarial se ha cuestionado su viabilidad económica y su posible impacto en la inversión privada.
Pero ¿no es hora de replantear las prioridades? La vivienda es un derecho, no un privilegio. Priorizar el beneficio social sobre la ganancia económica es una obligación ética y política.
España necesita políticas valientes que garanticen el acceso a una vivienda digna. Propuestas como esta abren el debate sobre la responsabilidad del Estado frente a las dinámicas del mercado. ¿Estamos dispuestos, como sociedad, a defender este derecho básico sobre los intereses especulativos? El futuro de nuestras ciudades depende de la respuesta.
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