La reciente solicitud de Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo, para obtener una concesión de 210 metros cuadrados de terreno público que conecta su chalet en Moaña con la playa de O Con, ha desatado una tormenta política. El grupo parlamentario Sumar ha llevado el asunto al Congreso, cuestionando la legalidad de la construcción y la eficacia de las inspecciones en zonas costeras.
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Preocupación por el acceso público y la legalidad
Según el Servicio Provincial de Costas en Pontevedra, se ha constatado la imposibilidad de acceder a una porción de terreno de dominio público marítimo-terrestre debido a la presencia de muros que bloquean el paso. Sumar ha registrado una pregunta al Gobierno para esclarecer si se han presentado alegaciones en el plazo establecido y si se están realizando las inspecciones necesarias para garantizar la legalidad de las edificaciones en zonas costeras.
El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha anunciado la presentación de alegaciones contra la solicitud de Cárdenas, argumentando que la concesión de terreno público para uso privado es inaceptable. Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha defendido la solicitud, calificándola de «muy normal» y criticando las objeciones preventivas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia rigurosa sobre el uso y la concesión de terrenos públicos, especialmente en zonas costeras, para garantizar la transparencia y evitar posibles casos de corrupción.
La protección del dominio público es responsabilidad de todos; su uso indebido compromete el patrimonio común.
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