Siguen las impunes dilaciones de la pareja de Ayuso que ponen entredicho a la justicia española
Fausto 
Tomado de X: El Solidario. La jueza encargada del caso suspendió la comparecencia mientras se espera la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la ampliación de las imputaciones por fraude fiscal y falsificación de documentos.
En otra de las tantas excusas dilatorias, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha logrado aplazar nuevamente su declaración ante la justicia por tercera vez.
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La jueza Inmaculada Iglesias, encargada del caso, ha decidido suspender la comparecencia mientras se espera la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la ampliación de las imputaciones por fraude fiscal y falsificación de documentos.
La defensa de González Amador argumenta que la “unidad fáctica” de las dos piezas investigadas podría afectar al derecho de defensa, motivo por el cual se solicitó la suspensión de la cita fijada para el 29 de noviembre.
Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder.
Una costumbre muy cercana a la corrupción
El caso de González Amador no es aislado. En los últimos años, hemos visto cómo figuras cercanas a altos cargos políticos logran evadir la justicia mediante tácticas dilatorias. Este patrón no solo socava la confianza pública en el sistema judicial, sino que también pone en entredicho la integridad de nuestras instituciones.
La corrupción es un cáncer que carcome los cimientos de nuestra sociedad. Según datos de Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de la Corrupción, una posición que refleja la necesidad urgente de reformas profundas. La ciudadanía merece un sistema judicial que actúe con celeridad y firmeza, sin privilegios ni excepciones.
Es estrictamente necesario que la justicia actúe con independencia y rigor, y que los responsables de actos ilícitos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa.
En una cruda realidad en la que corrupción parece ser la norma y no la excepción, es vital que los ciudadanos exijan transparencia y rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción no es solo una responsabilidad de las autoridades, sino de toda la sociedad. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la regla.
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