Fuente elDiario.es
El caso de Gustavo Fuentes, ex CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), investigado por presuntos delitos de acoso sexual, ha provocado una fuerte conmoción política en Andalucía al implicar indirectamente a altos cargos del Partido Popular (PP) en la Junta.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz (PP), y el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, aparecen en una fotografía difundida en el Instagram personal de Fuentes, donde el empresario se refiere a ellos como su “familia”. La imagen, que circula en redes sociales, ha intensificado la polémica en torno a la relación entre responsables institucionales y el ex directivo de la productora.
El escándalo estalla mientras avanza la investigación sobre Fuentes, denunciado por una antigua reportera de ADM por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “mobbing”, en un caso que ha sacudido al entorno de Canal Sur y su principal proveedor de contenidos. Otras trabajadoras habrían señalado comportamientos similares, según testimonios recogidos por sindicatos.
La controversia alcanza al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) por el papel de Antonio Sanz en la creación del Clúster Audiovisual de Andalucía (LAND), organismo que posteriormente presidió Fuentes antes de dimitir tras conocerse las acusaciones. El clúster fue concebido como una herramienta estratégica para impulsar el sector audiovisual andaluz.
Paralelamente, la productora ha acordado su cese definitivo e irrevocable tras la apertura del procedimiento judicial y el aumento de testimonios que apuntan a un patrón prolongado de conductas de acoso sexual en el entorno laboral.
En la denuncia, la periodista describe un terrible acoso sexual continuado con frases como «búscame una reportera que esté buena como tú, así con las tetas gordas, como a mí me gustan» o «me vas a tener que reservar una tarde de estas ya para los dos». Cuestión sobre la que insiste, según informa ‘elDiario.es’: «¿Cuándo vamos a quedar que me debes una?».
Las dudas se centran ahora en el grado de conocimiento institucional sobre los hechos previos a los nombramientos y en los mecanismos de supervisión dentro del ecosistema público-privado del audiovisual en Andalucía. El Ejecutivo autonómico sostiene que los responsables no tenían constancia de las denuncias en el momento de los hechos.