
Desde principios de abril de 2025, el gobierno de Luis Abinader ha reforzado sus políticas contra la migración irregular en República Dominicana
Desde principios de abril de 2025, el gobierno de Luis Abinader ha reforzado sus políticas contra la migración irregular en República Dominicana, enfocándose especialmente en la zona turística de Punta Cana.
Las autoridades han deportado a más de 14.000 haitianos en lo que va del mes, según cifras oficiales . Estas medidas incluyen redadas en barrios como Mata Mosquito y Hoyo de Friusa, donde se han reportado detenciones masivas y condiciones de vida precarias para los migrantes afectados
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La Dirección General de Migración, encabezada por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ha anunciado planes para expandir las redadas y detenciones a nivel nacional, con el objetivo de «controlar la migración irregular».
Además, se ha acelerado la construcción de una «verja inteligente» en la frontera con Haití, medida que ha sido criticada por organizaciones internacionales por su enfoque restrictivo y poco humanitario.
Bridget Wooding, directora del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, ha cuestionado la transparencia de las cifras oficiales, señalando que las deportaciones podrían estar siendo contadas múltiples veces para inflar los números.
Wooding también ha denunciado que estas políticas responden a la presión de grupos ultranacionalistas que han realizado marchas contra la comunidad haitiana en zonas como Hoyo de Friusa y Mata Mosquito .
El endurecimiento de las políticas migratorias en República Dominicana plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes haitianos.
Mientras el gobierno justifica estas medidas como necesarias para la seguridad nacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre los riesgos de discriminación y abuso.
Es fundamental que las políticas migratorias se basen en principios de justicia, solidaridad y respeto a la humanidad, garantizando la protección de todas las personas, independientemente de su estatus migratorios.
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