PSOE propone retrasar la reducción de la jornada laboral a 2026 desatando el conflicto con Sumar
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: publico.es. El Solidario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso.
El Gobierno de coalición en España enfrenta una creciente tensión interna debido a la propuesta del PSOE de posponer hasta 2026 la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida inicialmente acordada para implementarse en 2025.
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Las diferencias entre el PSOE y Sumar se centran en el calendario de aplicación de esta reforma laboral.
Mientras que Sumar, liderado por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, insiste en cumplir con el acuerdo de reducir la jornada laboral en 2025, el PSOE aboga por una implementación más gradual, extendiéndola hasta 2026, para permitir una adaptación adecuada por parte de las empresas y asegurar un amplio consenso parlamentario.
Tensión por falta de consenso
El Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha expresado preocupaciones sobre el impacto económico de una reducción abrupta de la jornada laboral. Cuerpo sugiere que una transición más lenta permitiría mitigar posibles efectos negativos en la productividad y en los costes laborales, y facilitaría la obtención de los apoyos necesarios en el Congreso para aprobar la medida.
La falta de consenso ha generado críticas tanto desde el ámbito político como empresarial. La patronal ha manifestado su oposición a la reducción de la jornada laboral, calificándola de «imposición» y advirtiendo sobre posibles repercusiones negativas en la economía.
Por su parte, los sindicatos y Sumar presionan para que se cumpla el acuerdo original, argumentando que la medida beneficiará a los trabajadores y mejorará la conciliación laboral.
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno ha decidido abrir un periodo de consultas con los agentes sociales y los diferentes grupos parlamentarios para buscar una solución consensuada.
Aunque el PSOE propone una implementación gradual hasta 2026, Sumar mantiene su postura firme en cumplir con el calendario establecido para 2025.
La resolución de este conflicto interno será determinante para la estabilidad de la coalición gubernamental y la futura política laboral en España.
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