Ucrania y la Máquina de picar carne: las denuncias por reclutamientos forzosos se disparan
Vincenzo Gambaretto 
Ucrania necesita soldados para continuar con más de cuatro años de guerra con Rusia. Y su legislación permite la movilización obligatoria: como regla general, los hombres aptos de entre 25 y 60 años pueden ser llamados al servicio mientras siga vigente la ley marcial. La movilización es legal.
Lo que no es legal es detener arbitrariamente, golpear o retener por la fuerza a ciudadanos para conseguirlo.
Y ya no lo denuncian solamente vídeos virales.
El propio Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, informó en febrero de 2026 de que las quejas contra determinados empleados de los Centros Territoriales de Reclutamiento —los TCC— pasaron de apenas 18 en 2022 a 6.127 durante 2025. Su oficina documentó restricciones ilegales de libertad, golpes y otras formas de coacción, y recordó que los empleados de estos centros no tienen autoridad para detener o retener físicamente a una persona. El abuso también existe.
Hay casos estremecedores.
En julio, el propio Ombudsman denunció que un hombre permaneció 18 días retenido en un centro de reclutamiento de Mykolaiv con las costillas rotas. Cuando investigaron su situación descubrieron además que ya era militar en servicio activo. Lubinets pidió abandonar los objetivos puramente cuantitativos de movilización y transformar el sistema.
La tensión ya está llegando a las calles. En julio hubo enfrentamientos en Leópolis entre ciudadanos y reclutadores militares; el Estado Mayor ucraniano condenó las agresiones contra sus funcionarios, pero anunció también una revisión de la conducta de los agentes implicados.
Aquí el Estado pierde legitimidad cuando pretende defender la democracia vulnerando derechos en nombre de ella.
Una sociedad puede exigir responsabilidades a quien incumple legalmente sus obligaciones militares. Lo que no debería hacer es convertir una furgoneta, unas esposas o unos golpes en herramientas ordinarias de reclutamiento.
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