
Archivo: El Solidario. Hospital universitario Torrejón
El llamado modelo de colaboración público-privada o modelo concesional que practican los hospitales de la Comunidad de Madrid que fue impulsado por Esperanza Aguirre, donde una empresa privada gestiona ciertos servicios sanitarios públicos, está provocando que se presionen a los hospitales y médicos para llegar un determinado umbral de pacientes atendidos con el fin de aumentar el beneficio económico.
Estos pacientes responden a las llamadas «derivaciones» es decir, son enfermos que no pueden ser operados en su hospital de referencia. No sería problema si por cada adjudicación de una derivación, no hubiera un desembolso importante del gobierno autonómico al hospital al que se deriva.
Estas derivaciones, además de engrosar las listas de espera de los hospitales donde recaen, exacerban la competencia e imponen una cuota a cumplir de «pacientes derivados» para obtener un umbral de beneficios determinado.
La Comunidad de Madrid mantiene una deuda con los cuatro hospitales privatizados de la región –los otros tres pertenecen a Quirónsalud– por estas derivaciones, que se dan en cirugías pero también en consultas externas con el especialista.
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Dos protestas en el último mes en el Hospital Universitario de Torrejón
Las distintas fuentes consultadas coinciden en que la dirección del Hospital Universitario de Torrejón ha empujado siempre para captar pacientes de fuera de área, pero que esa presión se ha multiplicado con la llegada del último equipo, liderado por María Pilar Navarro, en 2022.
Unos 300 trabajadores y trabajadoras se concentraron a finales de marzo a las puertas del hospital para expresar su malestar con la gestión y volverán a hacerlo este martes. No se trata solo de sus condiciones laborales, dicen varios de los facultativos con los que ha hablado este medio, sino de la “calidad asistencial” que se ofrece a los pacientes.
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