Una nueva obligación legal entra en vigor este lunes: las empresas con más de 50 trabajadores deben disponer de un protocolo específico contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, según establece el Real Decreto 901/2024. Esta medida, enmarcada en la Ley para la Igualdad Real LGTBI, busca combatir el acoso laboral y garantizar entornos seguros para el colectivo.
El Ministerio de Igualdad ha publicado una guía práctica con los requisitos mínimos que deben cumplir estos planes:
- Formación obligatoria en diversidad para todo el personal
- Canales de denuncia confidenciales y ágiles
- Medidas correctivas ante conductas discriminatorias
- Adaptación de documentos internos (convenios, reglamentos)
Según datos de la FELGTB, el 58% de las personas LGTBI oculta su identidad en el trabajo por miedo a represalias. Los sectores con mayores problemas son la construcción (72% de casos no denunciados) y la hostelería (65%), según un estudio de CC.OO.. Las empresas que incumplan la norma se enfrentan a sanciones de hasta 45.000 euros.
La medida ha generado polémica en algunas patronales. CEOE alega «exceso de burocracia«, mientras que UGT recuerda que el 40% de las empresas ya incumplía el protocolo contra el acoso sexual vigente desde 2019. Pequeñas y medianas empresas disponen de un periodo de adaptación hasta 2026.
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