Multas millonarias para quién se manifieste en las universidades madrileñas sin consentimiento

Resulta muy sencillo utilizar hacer la ley a tu favor cuando estás en el poder. Es la herramienta que todo sistema político utiliza para hacerse imponer y para que se cumpla esta ley, debe haber un castigo que impida a las personas vulnerarla.

La magnitud de este castigo y el contenido de la ley establecida, es lo que podríamos considerar como diferencias entre un estado democrático y otro que lo es; cuánto más desproporcionado sea el castigo, más cerca nos encontraremos de un régimen represivo, así también, cuánto más se limiten las libertades de expresión y de acción de las personas, más corta es la distancia con una dictadura.

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Universidad de Madrid us Ayuso

Manifestarse en el ámbito académico madrileño para expresar la opinión sin que ésta manifestación haya sido previamente aceptada por el gobierno autonómico, va a ser tarea de titanes dispuestos a jugarse por siempre su solvencia económica.

La señora Ayuso le tiene miedo al sistema universitario madrileño y como estrategia de defensa, se ha blindado ante él haciendo legislación e imponiendo multas que van desde los 100.000 euros hasta el millón.

En el nuevo borrador creado por el gobierno autonómico madrileño sobre la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) fechado el 29 de mayo se restringe la independencia y academia y se enfrenta además, con otras normas estatales.

Así, la norma incluye infracciones «leves», que pueden ser de hasta 15.000 euros por poner una pancarta no autorizada. Pero también hay una serie de infracciones consideradas «muy graves» que implicarían multas de entre 100.000 y 1.000.000 de euros y que incluyen conductas como «no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra».

Además, la nueva medida abriría la puerta no solo a castigar al infractor, sino también a la universidad por permitir la falta.

Las faltas graves —con sanciones de entre 15.000 y 100.000 euros— incluyen evitar la tarea de los medios de comunicación en el campus, «permitir la ocupación de cualquier sitio del campus», que podría afectar a las acampadas como las convocadas contra el genocidio en Gaza, o permitir «el hostigamiento de miembros de la universidad o personas que la visiten», que podría encajar con un escarnio.

Aunque el texto a primera vista parece un alegato en favor de la libertad de expresión, entre líneas vemos que la única libertad de expresión que se va a permitir es la que se autorice previamente desde la cúpula del poder madrileño, y no hay que ser demasiado audaz para saber que sólo se darán permiso a aquéllas que barran hacia la acera de la derecha populista y chabacana de la que Ayuso hace gala en sus discursos mediáticos.

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