Fausto 
El Solidario. Residencias de adultos en Madrid.
Un segundo juzgado madrileño ha decidido imputar a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su participación en la elaboración y aplicación de los llamados “protocolos de la vergüenza”, que impidieron el traslado hospitalario de miles de ancianos desde residencias madrileñas durante lo más crudo de la pandemia.
La querella, presentada por familiares de víctimas, abre una grieta judicial en el relato oficial que lleva años intentando encubrir lo que, a todas luces, fue una tragedia evitada.
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No se trata solo de decisiones políticas erróneas. Lo que está en juego aquí es la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, un eufemismo jurídico para describir lo que en realidad fue: abandono institucional y selección por edad.
Un frío cálculo burocrático que decidió que unas vidas sí merecían ser salvadas, y otras no. Y lo más indignante es que estas decisiones se tomaron desde despachos que aún hoy evitan rendir cuentas.
Mientras Ayuso presenta su modelo como el epítome de la “gestión eficaz”, la justicia avanza y desenmascara una política que sacrificó a los más vulnerables en nombre de la “eficiencia”.
La documentación revelada por eldiario.es, y ahora aceptada por la jueza como base para investigar, muestra cómo residencias saturadas y sin recursos fueron dejadas a su suerte. Los mayores murieron sin atención médica, sin oxígeno, sin consuelo. No fue un error: fue una estrategia.
El cinismo institucional que aún pretende justificar esos protocolos con argumentos técnicos se enfrenta ahora a un proceso que, más allá de lo judicial, es un clamor por la dignidad y la memoria. No puede haber reconciliación social sin verdad, y no puede haber verdad si seguimos permitiendo que quienes firmaron esos documentos duerman tranquilos.
Hoy la justicia empieza a levantar la alfombra. Y debajo, como siempre, no hay polvo: hay nombres, firmas y responsabilidades.
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