Pilar 
Eduardo Parra / Europa Press. Gabriel Rufián
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a generar controversia al cuestionar el uso de las lenguas cooficiales en España, comparándolas con un «problema» que divide al país. Su declaración, durante un acto político, ha reavivado el debate sobre la diversidad lingüística y la unidad nacional.
Ayuso aseguró que «el español debe ser la única lengua vehicular» en toda España, argumentando que las lenguas como el catalán, el euskera o el gallego «complican la convivencia». Estas palabras han sido criticadas por partidos nacionalistas y defensores de la pluralidad lingüística, que las consideran un ataque a las identidades regionales.
El contexto no es nuevo: la Ley Celaá, aprobada en 2020, eliminó el castellano como «lengua vehicular» en la educación, dando más peso a las lenguas cooficiales. Ayuso, fiel a su línea política centralista, ha aprovechado el debate para reforzar su discurso de «unidad nacional» frente a lo que llama «imposiciones separatistas».
Mientras, en redes sociales la reacción ha sido inmediata. Usuarios catalanes, vascos y gallegos han recordado que el multilingüismo es un derecho constitucional. Incluso dentro de su propio partido, hay voces que piden moderación para no ahondar en divisiones territoriales.
En un país con una rica diversidad cultural, el debate sobre las lenguas cooficiales sigue siendo un campo minado. ¿Es posible defender la unidad sin negar la pluralidad? La pregunta, más que lingüística, es política.
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