El nuevo recorte de 1,2 millones de euros, realizado por Moreno Bonilla, deja a las víctimas de abusos infantiles desprotegidas. ¿Dónde queda la justicia?
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El último recorte presupuestario aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno elimina 1,2 millones de euros destinados a la protección de la infancia víctima de abusos en Andalucía. Este fondo era esencial para mantener la atención psicológica y jurídica de los menores que han sufrido violencia. Las organizaciones sociales denuncian que esta medida desmantela un sistema que ya era insuficiente y condena a miles de niños a una mayor vulnerabilidad. Mientras se habla de eficiencia económica, la infancia paga el precio más alto.
La protección infantil, en peligro
Este recorte impacta de lleno en los servicios esenciales para las víctimas de abuso infantil, una población ya extremadamente vulnerable. Las asociaciones que luchan por los derechos de la infancia, como Infancia Robada, expresan su indignación. Ana Orantes, presidenta de la organización, advirtió que “recortar en protección infantil es condenar a los menores a la desprotección y al silencio”. Sin fondos suficientes, los plazos de atención se alargan, y el acceso a la ayuda se ve gravemente limitado, dejando a las víctimas en un limbo.
Los profesionales que trabajan con víctimas infantiles también están alarmados. María del Mar Romero, psicóloga especializada en menores, declaró que «la intervención temprana es vital para la recuperación de los niños». Con la eliminación de este presupuesto, las víctimas no recibirán el tratamiento adecuado en el tiempo necesario. Esta falta de recursos podría agravar el trauma de los menores, dificultando aún más su proceso de recuperación y reintegración en la sociedad.
Un gobierno que abandona a los más débiles
El recorte se justifica bajo el argumento de optimizar el gasto público, pero las críticas no cesan. Colectivos sociales denuncian que, mientras se invierte en otras áreas menos urgentes, “la infancia queda relegada al último plano”. Este ajuste es visto como un paso atrás en los avances logrados en la protección infantil. «Es un ataque directo a los más indefensos», señaló la Plataforma de Infancia. Las familias afectadas están preocupadas y sienten que el Estado les ha dado la espalda, aumentando la brecha de desigualdad y vulnerabilidad.
El impacto de esta decisión va más allá de lo económico. Es una cuestión de responsabilidad social y moral. ¿Cómo es posible que se prioricen otros sectores por encima de los derechos de los menores? La infancia no puede esperar, necesita protección ahora.
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Fuente: El Plural
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