El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha alzado su voz ante una situación preocupante: más de 100 mil casos pendientes de revisión sobre la capacidad jurídica de personas con discapacidad.
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Estos expedientes, acumulados en los juzgados de primera instancia y otros juzgados especializados, representan un desafío para la equidad y los derechos humanos para el Gobierno español.
En junio de 2021, se aprobó una ley que reformó la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley introdujo cambios significativos, como la eliminación de las declaraciones judiciales de incapacidad y las modificaciones judiciales de capacidad.
Estos mecanismos, considerados incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad, fueron reemplazados por figuras como el asistente y el curador.
No se cumplió con el plazo
La ley estableció un periodo de tres años para la revisión de las medidas adoptadas, tras su entrada en vigor en septiembre de 2021. Sin embargo, a finales de 2023, aún quedaban 108.625 casos pendientes de revisión.
El Consejo General del Poder Judicial solicitó al Gobierno ampliar el plazo hasta 2029 para concluir estas revisiones. Sin medidas de refuerzo, se necesitarían 4,9 años adicionales; con medidas de refuerzo, el tiempo se reduciría a 3,7 años.
“Esto nos demuestra una vez más que se ha legislado sin tener en cuenta la realidad de las personas con discapacidad, que una vez más ven vulnerados sus derechos”, critica el CEDDD.
La equidad laboral y el acceso a la justicia deben ser prioridades. El Gobierno debe dotar a la Justicia de los medios necesarios para la efectiva entrada en vigor de la ley cuanto antes.
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