Las subvenciones directas a los combustibles fósiles alcanzaron los 730.000 millones de dólares en 2024, más del doble que en 2015, el año del Acuerdo de París, cuando sumaban 330.000 millones. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que recoge elDiario.es apuntan a que 2026 volverá a rozar el billón de dólares.
Ese nivel ya se vio en 2022, el pico provocado por el encarecimiento de la energía. Y el escenario puede empeorar: si el barril llegara a los 110 dólares, las subvenciones podrían subir hasta los 1,4 billones. Mientras tanto, las emisiones de CO₂ de los combustibles fósiles marcaron un récord en 2025, con 38.100 millones de toneladas, un 1,1 % más que el año anterior.
Europa tampoco es ajena. Las ayudas energéticas de la Unión Europea sumaron 97.000 millones de euros en 2024, un 60 % más que la media de 2015 a 2019.
En España, el Gobierno ha prorrogado la rebaja fiscal sobre los hidrocarburos: 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. La medida busca contener unos precios que empujan el IPC de septiembre hasta el 4,9 %.
Conviene matizar: no todo gasto público en energía es igual. Una rebaja así alivia a quien depende del coche para ir a trabajar, pero es general: llega también a quien más combustible quema, lo necesite o no.
La paradoja es evidente. Los gobiernos se comprometieron en París a frenar el calentamiento y, once años después, destinan más dinero público a sostener el petróleo y el gas que entonces. Las subvenciones fósiles se pagan con impuestos de toda la ciudadanía, incluida la que sufre incendios, sequías y olas de calor cada vez más frecuentes.
La pregunta de fondo no es técnica: es política. ¿Cuánto dinero público seguirá sosteniendo lo que alimenta la crisis climática, y cuánto se destinará a que las familias puedan dejar de depender de ello, con transporte público y energías limpias al alcance de todos los bolsillos?
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