España ha experimentado un crecimiento exponencial en la cantidad de playas libres de humo. Más de 700 arenales han eliminado el tabaco de sus áreas, una medida que, a primera vista, parece un paso positivo hacia la protección de la salud y el medio ambiente. Sin embargo, la realidad es más compleja y decepcionante.
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La morganización Nofumadores denuncia que estas prohibiciones terminan siendo cosméticas. Aunque las playas prohíben fumar, solo 63 de ellas imponen multas a quienes incumplen la normativa. La foto queda bonita, pero la falta de sanciones dificulta el cumplimiento real.
En la mayoría de los espacios, los ayuntamientos se limitan a informar mediante carteles sobre la prohibición de fumar, sin esforzarse en hacerla cumplir. A pesar de contar con mecanismos legales a nivel nacional, como el artículo 18.1 de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, muchos pueblos carecen de ordenanzas municipales específicas. La falta de legislación local se suma a la escasa vigilancia y comunicación con la ciudadanía y los turistas, lo que socava la efectividad de estas zonas libres de humo.
Sanciones por fumar en las playas españolas
Solo Cataluña y Canarias destacan como excepciones. En la ciudad de Lloret de Mar (Girona), por ejemplo, se prohíbe fumar en todas las playas o calas, con multas de 30 euros.
En Las Palmas de Gran Canaria, las sanciones pueden llegar a los 300 euros, mientras que en Mogán, al sureste de la isla, los infractores enfrentan multas de hasta 1.800 euros por arrojar colillas y de hasta 400 euros por fumar. En Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, las sanciones alcanzan los 750 euros.
Esta disparidad entre la normativa y su aplicación refleja una falta de compromiso real con la salud pública y el bienestar de quienes disfrutan de nuestras playas. Es hora de que las palabras se traduzcan en acciones concretas, y que las multas por fumar sean una realidad, no solo un simulacro.