Rocío Benítez 
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España ha protagonizado en los últimos años una transformación energética silenciosa pero de consecuencias profundas. El brutal despliegue de energía solar y eólica ha convertido al país en uno de los productores de electricidad más baratos de Europa, y eso está reescribiendo el mapa industrial de todo el continente.
El mecanismo económico es directo. Cuando la electricidad limpia es abundante y asequible, las industrias electrointensivas encuentran en la Península Ibérica una ventaja competitiva insustituible. Sectores estratégicos como las plantas de hidrógeno verde, las fábricas de semiconductores o los centros de datos miran hacia nuestro territorio. Corporaciones de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos están relocalizando sus instalaciones buscando una factura energética que les permita competir globalmente sin emitir CO2.
Este fenómeno, compartido con Portugal por su fuerte matriz verde, rompe una brecha histórica. Siguiendo el modelo de Noruega o Islandia con su hidroeléctrica, los países del sur de Europa dejamos de ser compradores netos de energía para exportar competitividad. Cada gigavatio instalado no es solo una victoria climática; es un argumento para fijar tejido industrial y generar empleo cualificado.
Sin embargo, el éxito de la transición energética exige que la regulación, la red de transporte eléctrico y la formación profesional avancen a la misma velocidad que los paneles solares. Como ciudadanía, exigir que esta riqueza se traduzca en cohesión social y empleo local es clave. Apoyar la formación técnica de las nuevas generaciones en sostenibilidad es la llave para que el futuro industrial se quede, de forma justa, en nuestros barrios y pueblos.
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