En 2024, un 25% de los empleados públicos en España sigue siendo interino, pese a la Ley 20/2021 que busca estabilizarlos y eliminar la temporalidad.
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Problemas con la temporalidad en el empleo público
En enero de 2024, España alcanzó casi tres millones de empleados públicos, con un 24,5% de interinos. Este dato refleja que, a pesar de la Ley 20/2021 para reducir la temporalidad, aún queda mucho por hacer. El aumento del personal interino se consolidó tras la crisis sanitaria, cuando las administraciones contrataron más interinos ante la escasez de personal.
La pandemia impulsó esta tendencia, especialmente en la sanidad, y la temporalidad no ha bajado. Según el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el número de interinos cayó un 4,6% en enero de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, sigue siendo un problema significativo en comparación con años anteriores. Desde julio de 2019, hay 196.074 interinos más, un aumento del 36,8%.
Diferencias regionales y sectoriales
El problema de la temporalidad se concentra en las comunidades autónomas, con una tasa del 33,5% en enero de 2024. En contraste, la administración local tiene una tasa del 15,3% y la estatal solo del 3,1%. Las plantillas feminizadas son las más afectadas, con el 72,9% de los interinos siendo mujeres. Este fenómeno es especialmente visible en sectores como la sanidad y la educación no universitaria, que suman el 74,8% de los interinos totales.
Las regiones con mayor nivel de interinidad son el País Vasco (41%), Islas Canarias (36,9%) y Comunidad Valenciana (32,9%). Por otro lado, Castilla y León tiene el menor peso de interinos con un 16,6%, sin contar Ceuta y Melilla, ambas por debajo del 15%.
Iniciativas y retos para reducir la temporalidad
La Ley 20/2021 prometía que la tasa de temporalidad en el empleo público se situaría “por debajo del 8% de las plazas estructurales”. Sin embargo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2024, el 29,5% de los empleados públicos son temporales. Aunque la cifra ha bajado desde el 32,7% del pico de la pandemia, sigue siendo superior al 27,8% del último trimestre de 2019.
A pesar de los esfuerzos, el objetivo de reducir la temporalidad sigue siendo un reto. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha criticado la lentitud en los procesos selectivos. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que España comete “abuso” de temporalidad en el sector público.
Es evidente que la temporalidad en el empleo público es un problema urgente que necesita soluciones efectivas. La participación de todos es crucial para impulsar cambios y lograr un empleo público más justo y equitativo.
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