Comunidad educativa alza su voz contra los recortes presupuestarios de Ayuso en las universidades públicas
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: eldiario.es. El Solidario. Pancarta exhibida durante la manifestación por la Educación pública en la huelga del pasado 8 de mayo.
La comunidad educativa madrileña se prepara para una manifestación masiva este domingo 23 de febrero, en respuesta a los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La marcha, que partirá a las 12:00 horas desde Atocha y culminará en la Puerta del Sol, busca denunciar el deterioro de la educación pública en la región.
La protesta ha sido convocada por más de veinte colectivos y sindicatos que representan a docentes, estudiantes y familias, abarcando desde la educación infantil hasta la universitaria.
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El objetivo es unir a toda la comunidad educativa para exigir una educación pública de calidad y rechazar las políticas que, según los organizadores, favorecen la privatización y desmantelamiento de los servicios educativos públicos.
Los recortes presupuestarios en las universidades públicas madrileñas han generado una situación crítica.
Consecuencias devastadoras de los recortes
La financiación ha aumentado solo un 4,2%, cifra insuficiente para cubrir siquiera las nóminas, lo que ha obligado a instituciones como la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma a reducir gastos en áreas esenciales.
Estas medidas han resultado en la disminución de asignaturas optativas, falta de recursos para laboratorios, ausencia de fondos para la adquisición de libros y la participación en congresos, así como en el deterioro de las infraestructuras universitarias.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha destacado la gravedad de la situación, señalando que la institución recibe 2.100 euros por alumno anualmente, en contraste con los 6.100 euros de media nacional.
Esta insuficiencia financiera ha generado un déficit de 43,9 millones de euros en 2023, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la universidad a medio plazo.
Medidas ineficaces
Además, la Comunidad de Madrid ha propuesto trasladar los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a más de 50 colegios de primaria, una medida que ha generado alarma entre institutos y colegios públicos.
Las federaciones de colegios y institutos públicos exigen una regulación estatal para detener este proyecto, argumentando que podría ser ilegal y afectar negativamente la calidad educativa.
La manifestación del 23 de febrero busca visibilizar estas problemáticas y exigir al gobierno regional una inversión adecuada en la educación pública.
Los organizadores demandan que se destine al menos un 1% del PIB a este sector y que se detengan las políticas que, según ellos, promueven la privatización y el desmantelamiento de la educación pública en Madrid.
La comunidad educativa hace un llamado a la participación masiva en la marcha, enfatizando la importancia de defender una educación pública de calidad y accesible para todos, frente a las políticas que consideran perjudiciales para el sistema educativo madrileño.
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