
Archivo EFE/ELSOLIDARIO.Menores migrantes llegados a El Hierro.
El gobierno español está negociando con Junts per Catalunya (Junts) para lograr un acuerdo sobre la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, con el objetivo de superar el bloqueo impuesto por el Partido Popular (PP).
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez propone reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para automatizar este reparto, garantizando una distribución equitativa y solidaria de los menores entre las regiones. Sin embargo, el PP ha condicionado su apoyo a esta reforma a la implementación de un conjunto más amplio de políticas destinadas a reducir las entradas irregulares al país.
Ante la falta de consenso con el PP, el gobierno ha intensificado las conversaciones con Junts, que anteriormente se había mostrado reticente a respaldar la reforma. En estas negociaciones, Junts busca obtener mayores competencias en materia de migración para la Generalitat de Catalunya, incluyendo la gestión de la acogida de menores migrantes.
La situación es especialmente crítica en comunidades como Canarias, que han recibido un elevado número de menores migrantes y enfrentan dificultades para proporcionarles una atención adecuada. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha instado al Gobierno central a promover una distribución más justa y a aportar los recursos necesarios para garantizar el bienestar de estos menores.
Récord histórico de la llegada de migrantes
En 2024, las Islas Canarias registraron un récord histórico en la llegada de personas migrantes, superando las 40,000, según el balance del Ministerio del Interior. Entre ellas, se incluye un alto número de menores no acompañados en situación de desamparo. La crisis se ha intensificado durante las fiestas navideñas debido a la incapacidad de las instituciones para ofrecer una solución adecuada, agravada por la falta de consenso político en torno a la distribución y atención de estos menores.
La falta de acuerdo sobre este asunto refleja las tensiones políticas actuales y la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria ante los desafíos migratorios. Las fuerzas políticas deben priorizar el bienestar de los menores migrantes, garantizando su protección y derechos, y evitando que se conviertan en objeto de disputas partidistas. La situación de los menores migrantes no acompañados en España es una cuestión de derechos humanos que requiere una solución urgente y consensuada. La falta de acuerdo político no debe obstaculizar la protección y el bienestar de estos niños y adolescentes, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
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