
Imagen: publico.es. El Solidario. Juana Rivas. Si la Justicia española no decreta antes del día 8 que el menor ha de quedarse junto a su madre, este deberá volver a Italia con su progenitor pese a haber relatado que le maltrata.
El movimiento feminista ha intensificado su campaña en redes sociales para que el hijo menor de Juana Rivas, permanezca en España bajo la custodia de su madre, alegando que su retorno a Italia con su padre lo expondría a situaciones de maltrato y peligro.
Tolerancia cero contra la violencia de cualquier tipo
Juana Rivas y su hijo mayor han presentado denuncias contra el exmarido y padre, respectivamente, por presuntas coacciones, amenazas y violencia de género. El hijo mayor de Juana ha declarado que su hermano menor corre un grave peligro si continúa viviendo con su padre, a quien acusa de ser un maltratador incapaz de controlar su ira.
A pesar de estas denuncias, el Tribunal ha ordenado que el hijo menor regrese con su padre el 8 de enero.
Ante esta situación, el equipo legal de Rivas ha solicitado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada y al Juzgado de Familia número 10 de Granada la aplicación del artículo 15, que permite a los órganos jurisdiccionales adoptar medidas provisionales para proteger al menor.
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Proteger a los menores ante cualquier violencia
La posible separación de Daniel de su madre ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde feministas y activistas han lanzado campañas bajo los hashtags #DanielSeQueda y #SanchezProtejaADaniel, instando al gobierno español y a la justicia a intervenir para garantizar la seguridad del menor.
Personalidades como Irene Montero, exministra de Igualdad, han expresado su preocupación, afirmando que «un maltratador nunca es un buen padre» y que es deber de las instituciones proteger a Daniel.
La situación de Juana Rivas, quien en el pasado fue condenada por sustracción de menores al intentar proteger a sus hijos de un padre maltratador, refleja las dificultades que enfrentan las mujeres en la lucha por la custodia y protección de sus hijos en casos de violencia de género.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de que el sistema judicial priorice la seguridad y el bienestar de los menores en situaciones de violencia doméstica.
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