FACUA Jaén denuncia el uso ilegal de imágenes de menores por parte de la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla con fines propagandísticos
Moreno Sanlés Alberto 
FACUA/ElSolidario: La organización de consumidores ha anunciado que se pone a disposición de las familias afectadas para interponer denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
FACUA Jaén denuncia que la Junta de Andalucía ha usado imágenes de menores con fines propagandísticos. La asociación considera que esta práctica vulnera la legislación vigente en materia de protección de datos y del derecho a la intimidad y la propia imagen.
El vídeo, compartido en redes sociales, muestra al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, saludando a un grupo de menores en el CEIP Jesús-María de Jaén, en el marco de la inauguración de un nuevo centro de salud en la capital. En la publicación, el presidente expresa: “Acabo de vivir un momento de los que no se olvidan. Me han pedido que les fuera a saludar y tenía que acercarme, son encantadores”.
Vulneración legal y ausencia de consentimiento
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Jesús-María también han criticado este uso político de la imagen de sus hijos, afirmando que los tutores de estos menores desconocían de esta visita y que nunca autorizaron grabación alguna, lo que supone una infracción de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El AMPA anuncia que su siguiente paso será recurrir a las vías legales pertinentes.
La organización de consumidores ha anunciado que se pone a disposición de las familias afectadas para interponer denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), así como para asesorarlas jurídicamente e incluso apoyar posibles demandas judiciales por daños y perjuicios. Asimismo, FACUA Jaén exige al presidente andaluz y al Gobierno autonómico la retirada inmediata de los vídeos difundidos.
FACUA Jaén concluye que este tipo de actuaciones son inaceptables en una administración pública y que la instrumentalización de menores con fines propagandísticos supone un grave precedente que debe ser sancionado.
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