
Archivo/El Solidario. La propuesta inicial de la Comisión Europea buscaba gravar de manera gradual el queroseno utilizado por la aviación y los combustibles empleados en el transporte marítimo.
Mientras Europa intenta avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, España ha decidido unirse a la mayoría de los países que rechazan incluir el transporte aéreo y marítimo en la fiscalidad verde de la Unión Europea.
Este posicionamiento, lejos de alinearse con los compromisos climáticos del Pacto Verde Europeo, representa una grave contradicción en la lucha contra el cambio climático.
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La propuesta inicial de la Comisión Europea buscaba gravar de manera gradual el queroseno utilizado por la aviación y los combustibles empleados en el transporte marítimo, sectores que generan niveles alarmantes de emisiones de CO₂ y que, increíblemente, siguen disfrutando de exenciones fiscales.
Sin embargo, bajo la presión de los intereses económicos y la falta de voluntad política, esta iniciativa quedó debilitada, con países como España defendiendo su exclusión.
Grandes contaminantes y poco compromiso
El transporte aéreo y marítimo no solo son responsables de un alto porcentaje de las emisiones globales, sino que también representan sectores privilegiados que contribuyen poco en términos fiscales al esfuerzo colectivo por frenar el cambio climático.
Mientras tanto, las medidas fiscales recaen desproporcionadamente sobre los ciudadanos comunes y otros sectores industriales. Esta disparidad es una muestra clara de cómo se priorizan los beneficios económicos de las grandes corporaciones sobre la salud del planeta y el bienestar de las futuras generaciones.
La revisión de la directiva de fiscalidad energética es un ejemplo de cómo el Pacto Verde Europeo, un plan ambicioso presentado hace tres años, sigue encontrando resistencias en su implementación.
Países como Francia, Bélgica y los Países Bajos han defendido la imposición de impuestos al queroseno, reconociendo la urgencia de aplicar medidas efectivas y equitativas. Sin embargo, la falta de consenso dentro de la UE debilita la cohesión y el liderazgo que se necesitan para abordar la crisis climática.
Esta decisión no solo desacelera los avances en sostenibilidad, sino que también mina la credibilidad de los Estados que prometen cumplir con los objetivos climáticos mientras protegen sectores altamente contaminantes.
¿Está España dispuesta a asumir su responsabilidad climática o seguirá anteponiendo intereses económicos a la urgencia ecológica? Los ciudadanos merecemos respuestas claras y políticas valientes que prioricen el futuro del planeta. ¿Cuánto tiempo más seguirá siendo el medio ambiente el costo de los privilegios?
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