España e Italia se enredan en un pulso diplomático que deja a la migración como excusa, y a los pasajeros como daño colateral
Rocío Benítez 
Fuente EFE
Desde la medianoche de este sábado, un centenar de agentes de la Policía Nacional revisa la documentación de los viajeros que llegan a España desde Italia. La medida, anunciada por el Ministerio del Interior tras la negativa del Gobierno de Giorgia Meloni a levantar sus propios controles a viajeros procedentes de España, se ha extendido ya de Barajas y El Prat a los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia, con Baleares y Canarias en camino. Estará vigente, en principio, hasta el 7 de septiembre.
El origen del conflicto se remonta a la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, que Roma utilizó como pretexto para imponer controles a los viajeros españoles desde el 1 de agosto. Madrid respondió con la misma moneda: si Italia no retiraba sus restricciones antes del domingo, España aplicaría «medidas proporcionales». Y las ha aplicado.
Pero los datos revelan la desproporción entre el ruido político y la realidad operativa: según fuentes de Interior, solo se comprueba la documentación de entre el 5% y el 10% del pasaje de cada vuelo, unas 15 personas en aviones medianos y 25 en los de mayor capacidad. Los ciudadanos comunitarios quedan exentos. En el aeropuerto de El Prat, viajeros como Jorge Villoslada describían la escena como algo «muy raro», más protocolo que control real.
El matiz crítico es evidente: mientras dos gobiernos europeos escenifican un pulso de soberanía y orgullo nacional, la raíz del conflicto —la vida de las personas que cruzan el Mediterráneo huyendo de la violencia o la pobreza— queda relegada a nota al pie. La oposición italiana ya lo ha señalado: para el líder de Alianza Verde e Izquierdas, Nicola Fratoiani, se trata de «un bumerán que los italianos pagarán caro»; para la diputada del Partido Demócrata, Laura Boldrini, un «gol en propia puerta» de Meloni.
La Comisión Europea confía en una salida rápida. Pero mientras los ministerios negocian plazos y las cámaras registran filas en los aeropuertos, la migración vuelve a convertirse en moneda de cambio entre gobiernos, y no en una cuestión de derechos humanos que exija respuestas reales.
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