Fausto 
Iinsightcrime.org/El Solidario. En Colombia, durante el 2025, han sido asesinados 76 líderes sociales.
En Colombia, la promesa de una “paz total” convive con el horror cotidiano de los asesinatos a líderes sociales. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha insistido en que la protección de defensores de derechos humanos es una prioridad, el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revela una cruda realidad: con o sin cese al fuego, la violencia no se detiene.
En lo que va de 2025, 76 líderes han sido asesinados en Colombia. Desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 19 de junio de este año, 1.462 líderes sociales han perdido la vida a manos de grupos al margen de la ley.
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La cifra de homicidios se mantiene estable, como si los acuerdos y las mesas de diálogo no alcanzaran a tocar las zonas más golpeadas por el olvido y la impunidad. Son las mismas regiones históricamente castigadas por el conflicto, el Cauca, el Chocó y el Putumayo, entre otras, donde defender el territorio, la vida y los derechos humanos sigue teniendo un costo mortal.
La ausencia del Estado, la presencia de grupos armados y la disputa por economías ilegales convierten a estos líderes en objetivos de guerra en tiempos de paz.
No basta con discursos. Proteger la vida debe traducirse en acciones urgentes, planes efectivos de seguridad, participación de las comunidades y voluntad política real para transformar las causas estructurales de esta violencia. La paz no es solo firmar ceses al fuego con grupos armados, sino construir justicia, equidad y garantías en los territorios.
El gobierno del Pacto Histórico tiene la oportunidad, y el deber histórico, de demostrar que la paz no será otra promesa incumplida. Pero no podrá hacerlo si los asesinatos de líderes continúan siendo tratados como daños colaterales y no como una emergencia nacional.
La paz sin vida no es paz. Y mientras sigan cayendo defensores de lo común, la “paz total” será solo un eslogan que encubre la misma tragedia de siempre. La Colombia profunda exige mucho más que buenas intenciones: exige presencia, protección y justicia.
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