
Archivo/ELSOLIDARIO. Una pareja mayor en un parque.
Expertos en economía y demografía han alertado sobre la necesidad imperiosa de evaluar y reforzar el sistema de atención a la dependencia en España. Según proyecciones demográficas, para 2050, la población mayor de 66 años alcanzará los 15 millones, representando el 29% del total nacional, frente a los 9 millones actuales. Este envejecimiento poblacional plantea desafíos significativos para la sostenibilidad de los servicios sociales y el gasto público.
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Durante la sesión «El reto de la dependencia», organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se destacó la urgencia de reordenar las prioridades presupuestarias. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, subrayó que el elevado gasto en pensiones, que asciende a más de 200.000 millones de euros anuales, podría limitar los recursos destinados a otras áreas esenciales, como la atención a la dependencia.
Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), señaló que, aunque ha habido avances en el gasto en dependencia, España aún se encuentra por debajo de la media europea, que es del 1,7% del PIB. Las proyecciones indican que, para 2050, el gasto en cuidados de larga duración podría duplicarse, alcanzando el 1,7% del PIB, y estabilizándose en torno al 2% en 2070.
Este panorama se complica al considerar que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de 65 años y más pasará del 20,4% actual al 30,5% en 2055. Además, la tasa de dependencia, que relaciona la población en edad laboral con la población dependiente, alcanzará un máximo del 75,3% en 2052, lo que implica una mayor carga para la población activa.
La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea que deberá realizar un ajuste fiscal más significativo debido al envejecimiento de su población. Se estima que, para 2045, será necesario un ajuste del 6,3% del PIB para cubrir los crecientes costes de pensiones y salud, y mantener la estabilidad financiera.
Ante este escenario, es crucial que se implementen políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del sistema de dependencia y la calidad de vida de las personas mayores. La falta de una planificación adecuada podría llevar a una crisis en la atención a la dependencia, afectando no solo a los mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad.
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