Fuente Pexels
El avance imparable de la energía fotovoltaica y las nuevas tecnologías de almacenamiento han puesto en jaque un modelo de negocio centenario basado en la escasez y el control centralizado. Aunque la ciencia demuestra que alcanzar los 30 TW de potencia instalada de fotovoltaica para 2050 es una realidad técnica factible —como término de comparación, hoy el mundo solo tiene una potencia instalada de electricidad de 8 TW—, existe una resistencia creciente. Esta oposición está orquestada por grandes corporaciones energéticas y sectores políticos de la derecha y ultraderecha. Para estas élites, el problema real no es que la transición sea difícil, sino que la progresiva gratuidad del recurso solar es enemiga directa de sus beneficios financieros.
En este escenario de tensión, la alianza entre el poder económico tradicional y ciertos discursos políticos busca imponer barreras legislativas y campañas de desinformación para ralentizar un cambio que democratizaría por completo el acceso a la energía. Mientras que soluciones de innovación biotecnológica e ingeniería como las baterías de sodio baratas prometen una electrificación masiva que dejaría obsoletos los combustibles fósiles, la respuesta de estos grupos ha sido el proteccionismo de los monopolios y la estigmatización de las renovables. Esta estrategia no responde a criterios de eficiencia económica, sino al temor ciego de perder el control sobre el precio de la luz, un mecanismo que ha servido históricamente como herramienta de transferencia de riqueza desde la ciudadanía hacia los grandes oligopolios.
La paradoja es evidente: la tecnología nos empuja hacia un escenario de abundancia energética y Zero Emission, pero la política de bloques conservadores intenta anclar el sistema a infraestructuras costosas y contaminantes. Frenan la abundancia energética no por error ambiental, sino para evitar que la energía se convierta en un derecho básico y gratuito. Mantienen a las sociedades bajo la dependencia de un mercado que castiga el bolsillo del consumidor para asegurar el dividendo del accionista. Recuperar la soberanía energética a través de cooperativas y comunidades locales es la única vía ciudadana para convertir el sol en un bien común inalienable.