
Imagen: infolibre.es. El Solidario. Sala de Gobierno del Supremo, con solo dos mujeres, en la apertura del año judicial.
En España, el compromiso con la igualdad de género en las instituciones judiciales se encuentra en un punto crítico. Para alcanzar la paridad efectiva en el Tribunal Supremo, el Poder Judicial necesita incorporar a 22 mujeres magistradas.
Actualmente, solo un tercio de los cargos de esta alta instancia está ocupado por mujeres, un porcentaje que pone en evidencia las dificultades para garantizar la equidad en los puestos de mayor responsabilidad dentro del sistema judicial.
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Lograr una representación paritaria en el Tribunal Supremo no es solo un asunto de justicia social, sino también una forma de garantizar que las decisiones jurídicas reflejen la diversidad de la sociedad.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la equidad de género es una meta prioritaria, pero las prácticas actuales de nombramientos no han avanzado al ritmo deseado.
Expertos señalan que la subrepresentación femenina en los órganos de decisión perpetúa sesgos estructurales y limita la inclusión de perspectivas diversas en temas clave.
Paridad, un objetivo aún lejano en España
La situación en el Poder Judicial es un reflejo de las barreras presentes en otros sectores laborales. Pese a los avances legislativos, como la reforma de paridad de 2019, que introdujo medidas para equilibrar las oportunidades, los techos de cristal y las desigualdades salariales persisten en numerosos ámbitos.
En el caso de la judicatura, los concursos exclusivos para mujeres y otras iniciativas han incrementado gradualmente la presencia femenina en niveles medios, pero los cargos más altos, como los de magistrados del Supremo, siguen siendo predominantemente masculinos.
Además, las responsabilidades de cuidado y la falta de redes de apoyo agravan la situación para muchas profesionales en su ascenso hacia estos puestos.
La lucha por la igualdad en el sistema judicial español resalta la necesidad de medidas más contundentes que impulsen un cambio estructural. Solo así será posible avanzar hacia un modelo realmente equitativo, donde la justicia sea impartida con una perspectiva inclusiva y representativa de toda la sociedad.
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