
Imagen: elplural.com. El Solidario. El derecho a morir: 2023 registra un aumento histórico en solicitudes de eutanasia en España.
El año 2023 marcó un hito en la aplicación de la Ley de Eutanasia en España, con un incremento del 30% en las solicitudes respecto al año anterior. Según datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), alrededor de 750 personas presentaron peticiones formales para ejercer su derecho a una muerte digna, aunque solo 350 lograron completarlo debido a la burocracia y las dificultades en el proceso.
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La eutanasia como solución a sufrimientos irreversibles
La eutanasia, regulada en España desde junio de 2021, ha ganado relevancia como alternativa para pacientes con enfermedades graves e incurables que provocan un sufrimiento físico o psíquico insoportable. Este derecho, defendido como un acto de autonomía personal, ha sido especialmente solicitado por personas mayores con enfermedades terminales o degenerativas, como el cáncer avanzado.
A pesar de ello, un 20% de las solicitudes han sido denegadas por diversas razones, y cerca de un tercio de los solicitantes falleció antes de que se completara el trámite, lo que refleja las dificultades del sistema actual.
El acceso a la eutanasia no es uniforme en todo el territorio español. Comunidades como Cataluña, Navarra y el País Vasco lideran en la cantidad de procedimientos realizados, mientras que otras como Murcia, Extremadura y Galicia registran tasas hasta diez veces más bajas.
Esto evidencia las barreras administrativas y culturales, además de diferencias en la gestión por parte de las comisiones responsables en cada comunidad autónoma.
Debate ético y social
La eutanasia sigue siendo un tema controvertido en España, enfrentando posturas éticas y religiosas que la consideran incompatible con la defensa de la vida. Sin embargo, quienes la apoyan destacan el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la importancia de evitar sufrimientos prolongados.
La complejidad del proceso —con una duración media de 75 días, el doble de lo estipulado legalmente— y la resistencia en algunos sectores sanitarios añaden nuevos desafíos a su implementación.
El aumento de solicitudes subraya la necesidad de un debate continuo sobre los valores sociales y la eficacia del sistema para garantizar este derecho sin restricciones innecesarias.
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