El negocio de la guerra no tiene ética: ninguna arma española debe llegar a zonas de conflicto
Rocío Benítez 
Fuente Pexels
España es uno de los principales exportadores de armamento de la Unión Europea. Cada año, empresas españolas venden armas, munición y material militar a decenas de países, algunos de ellos con conflictos activos, historial documentado de violaciones de derechos humanos o regímenes autoritarios. Greenpeace, junto con Amnistía Internacional y Oxfam Intermón, lleva años exigiendo que el control sobre esas exportaciones sea real, efectivo y transparente.
El marco legal existe. La Ley 53/2007 de control del comercio exterior de material de defensa y el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU establecen criterios claros: no exportar armamento cuando haya riesgo de que se use para cometer violaciones graves de derechos humanos. El problema es que la aplicación de esa ley depende de evaluaciones que no siempre son independientes, de información que no siempre es pública y de voluntad política que no siempre existe.
En un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y la inestabilidad en el Sahel, la presión para aumentar el gasto en defensa y flexibilizar los controles de exportación es enorme. Y las empresas armamentísticas, que registran beneficios récord, tienen capacidad de lobby para influir en esas decisiones.
Greenpeace no pide que España sea neutral ante la agresión. Pide que sea coherente: que un país que se define como defensor de los derechos humanos no exporte las armas con las que esos derechos se violan.
Fabricar armas para la paz es una contradicción en los términos. Controlar a quién se las vendemos es lo mínimo que podemos exigir.
About The Author
