Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Cartel que indica que un piso se alquila.
El Gobierno español ha implementado un sistema de avales y garantías destinado a proteger tanto a propietarios como a inquilinos, al tiempo que ha restablecido la suspensión de desahucios para hogares vulnerables. Estas medidas forman parte del nuevo decreto ómnibus acordado con Junts, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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El sistema de avales y garantías tiene como objetivo fomentar la confianza en el mercado de alquiler, ofreciendo seguridad a los propietarios que arriendan sus viviendas a personas en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca equilibrar la protección de los derechos de los inquilinos con la seguridad jurídica para los propietarios, promoviendo así un mercado de alquiler más accesible y justo.
Además, el decreto recupera la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida que había decaído previamente en el Congreso. Esta disposición es esencial para garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad no se vean desamparadas, especialmente en el actual contexto económico.
El decreto ómnibus también prohíbe cortar suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores vulnerables durante todo 2025. También establece descuentos progresivos en el bono social de electricidad: 50% desde enero, 42,5% desde julio y 35% en 2026.
Estas medidas se enmarcan en un conjunto de 29 iniciativas sociales acordadas entre el Gobierno y Junts, que incluyen también la revalorización de las pensiones, bonificaciones para el transporte público y ayudas para los afectados por desastres naturales. El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y refleja el compromiso del Ejecutivo con la protección social y la justicia económica.
La implementación de este sistema de avales y la suspensión de desahucios han sido posibles gracias a intensas negociaciones políticas. El Gobierno propuso el sistema de avales para proteger a los propietarios que alquilan a personas vulnerables, una solución que fue aceptada por Junts y permitió alcanzar un acuerdo.
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