La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó este 14 de septiembre el nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031, que retira de los libros de texto escolares el concepto de «conflicto armado interno». El Ejecutivo justifica el cambio como una forma de «erradicar la ideología» de la enseñanza sobre las décadas de violencia que vivió el país en los años ochenta y noventa.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, fue más allá y afirmó que aquellos años no fueron un conflicto armado, sino simplemente «terrorismo». «Vamos a retirar toda interpretación que se haga muchas veces interesada de la historia», declaró, descartando de un plumazo décadas de investigaciones sobre los abusos cometidos también por agentes del Estado.
El historiador José Ragas advierte que detrás del discurso de la objetividad hay una manipulación deliberada. «Es ideología pura lo que están haciendo», señala, y explica que reducir el periodo a «terrorismo» sirve para borrar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden, dejando la responsabilidad exclusivamente en los movimientos subversivos.
La maniobra no es inocente ni nueva: Ragas la sitúa dentro de una estrategia sostenida desde hace años por sectores fujimoristas para negar las conclusiones de la Comisión de la Verdad y blindar la responsabilidad política de Alberto Fujimori. Quitarle a un país las palabras para nombrar su propio pasado es una forma de impunidad tan eficaz como cualquier amnistía.
Lo que está en juego no es solo un párrafo de un libro de texto: es el derecho de las próximas generaciones peruanas a conocer su historia completa y a desarrollar pensamiento crítico sobre ella. Enseñar que el Estado solo se defendió, sin mencionar sus propios crímenes, no es neutralidad. Es, como dice Ragas, ideología disfrazada de dato.
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