El alquiler se convierte en una barrera racista: migrantes enfrentan discriminación en el mercado inmobiliario
Pilar 
Archivo/ELSOLIDARIO.Un cartel de ‘Se Alquila’, en una vivienda de Madrid.
Denuncias por discriminación en el alquiler se multiplican en España, donde personas migrantes y racializadas encuentran obstáculos sistemáticos para acceder a vivienda. Según datos de organizaciones sociales, más del 60% de los casos de rechazo en arrendamientos tienen un componente racista o xenófobo, pese a ser ilegal según la Ley de Igualdad de Trato.
El fenómeno del rentismo discriminador se ha agravado con la crisis de vivienda. Propietarios y agencias inmobiliarias aplican requisitos abusivos -como nóminas desproporcionadas o avales bancarios imposibles- que afectan especialmente a colectivos vulnerables. Organismos como el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial han documentado casos donde se exige hasta el triple de garantías a inquilinos extranjeros.
Esta segregación residencial tiene graves consecuencias: hacinamiento en infraviviendas, barrios gueto y exclusión social. Colectivos migrantes denuncian que la Ley de Vivienda no se aplica contra estas prácticas, mientras el racismo institucional persiste en ayuntamientos y comunidades autónomas.
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