El ajuste fiscal de Javier Milei ha recortado el gasto público argentino en 14 puntos del PIB en apenas tres años. Según el Instituto Argentino de Finanzas Públicas (Iaraf), el gasto primario de la Administración pasará del 17,8% del PIB en 2023 al 12,4% en 2026. El resultado inmediato se mide en personas: 1,7 millones de argentinos cayeron en la pobreza solo en el primer semestre de este año, lo que eleva el total a 15,1 millones de personas, en torno al 31% de la población.
Detrás de la cifra hay varios factores que se retroalimentan: el ruido inflacionario tras las elecciones, la presión sobre el dólar, precios que en agosto subieron por encima de la inflación general, y trece meses consecutivos de caída del empleo privado. Los salarios reales, además, siguen un 13% por debajo de los niveles de 2017. El Instituto Nacional de Estadística argentino (Indec) publicará los datos oficiales de pobreza el 24 de septiembre.
El ajuste, presentado por el Gobierno de Milei como un éxito macroeconómico por la reducción del déficit, empieza también a golpear a las empresas españolas con presencia en el país. Telefónica Argentina y varias entidades financieras españolas notan ya el efecto de una economía contraída: menos consumo, menos líneas contratadas, menos crédito y menos márgenes. La caída erosiona el valor de sus activos y complica la repatriación de dividendos a España, en un eco de lo que ya vivieron Repsol YPF y la propia Telefónica durante la crisis argentina de 2001 y 2002.
El contraste es la clave de esta historia: mientras los indicadores macroeconómicos que se presentan en los despachos mejoran, la factura del ajuste la siguen pagando, cifra tras cifra, quienes menos tienen.
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