La Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos propone imponer una tasa de 200.000 dólares por travesía a todos los buques con pabellón español y restringir la importación de varios productos españoles. Son medidas propuestas, todavía no están en vigor.
La lista de productos afectados incluye perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y confitería. Llegan al término de una investigación que la FMC abrió en diciembre de 2024 para saber si España crea condiciones desfavorables para el transporte marítimo del comercio exterior estadounidense. La comisión concluye que sí.
La investigación examinaba si España prohíbe el acceso a sus puertos a determinados buques, incluidos los del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de EE. UU. (MARAD). Según elDiario.es, detrás está la negativa de escala en puertos españoles a barcos estadounidenses que transportan armas destinadas a la ofensiva israelí en Gaza, es decir, una respuesta al embargo de armas a Israel. Esa lectura es del medio: la propuesta de la FMC habla de condiciones desfavorables, no de represalia.
El Gobierno español ha respondido, sin detallar medidas sobre los buques, que defenderá sus intereses y los de sus empresas en coordinación con la Comisión Europea y los demás Estados miembros, que enmarca el asunto en las relaciones comerciales entre la UE y EE. UU. y que quiere evitar una escalada que perjudique a las empresas. España podrá defender su caso en una audiencia, de la que todavía no hay fecha.
Una tasa por viaje y vetos sectoriales son un arma económica muy concreta. Los sectores señalados, desde la cerámica hasta la confitería, son de los que sostienen empleo local, y los buques no son solo acero: transportan lo que producen empresas y trabajadores que no han decidido nada. En las guerras comerciales rara vez paga quien las decide.
Queda por ver si Washington culmina la propuesta o la usa como moneda de cambio. Pero el mensaje político es claro: negarse a facilitar la guerra puede salir caro. Un Estado que aplica su propio criterio sobre el comercio de armas no debería pagar un peaje por su coherencia, y menos aún las empresas que viven de exportar.
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